Crónicas

LOS DUEÑOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO / Jorge Cadús
LA RULETA RUSA DE LOS DERUDDER

A lo largo de muchos años, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros en el sur santafesino realizaron sistemáticos reclamos por deficiencias en la prestación por parte de empresas monopólicas. El último 24 de febrero, un choque entre dos micros en la Ruta 33 arrojó un saldo de 13 muertos que puso en agenda ese reclamo silenciado a partir del negocio turbio y el acuerdo político. Lo que sigue es parte de esa crónica necesaria.


SACUDONES
El último viernes 24 de febrero, el choque de frente de dos micros de la empresa Monticas en la Ruta 33, a la altura de la ciudad de Pérez, se transformó en uno de los siniestros viales más dolorosos en territorio santafesino. En el acto fallecieron 12 personas, mientras que a mediados de la semana siguiente murió otra pasajera como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
Según el peritaje policial sobre los neumáticos de los ómnibus que protagonizaron el trágico accidente, "el detonante que produjo el choque fue el reventón de una cubierta". El análisis técnico reveló, además, que "el neumático que estalló había cumplido su vida útil, su fabricación databa de 2011".
El sacudón se hizo sentir: la tibia respuesta política del gobierno provincial fue hacer cesar las concesiones a la empresa para las líneas dentro de la provincia. El gobierno de la Nación siguió el ejemplo, y cesó la concesión para todos los servicios que Monticas tenía en el país.
En forma paralela, el gobernador Miguel Lifschitz decidió pedirle la renuncia al subsecretario de Transporte de la provincia Gustavo Peirano; aunque mantuvo en su cargo a los máximos responsables del área: el secretario de Transporte, Pablo Jukic y José Garibay, Ministro de Infraestructura y Transporte. En reemplazo de Peirano, el mandatario provincial convocó a Héctor Zanda, ingeniero en electricidad que se desempeñaba -hasta ese momento- como Gerente de la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario (Semtur) y como coordinador general de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad de Rosario.

La interpelación en la Cámara de Diputados provincial del secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jukic, dejó muchas dudas sobre el sostenimiento del servicio en general; y aclaró muchas de las enormes responsabilidades políticas detrás de las 13 muertes generadas por el choque vial. Al mismo tiempo, el diputado Héctor Cavallero presentó un proyecto de ley para constituir una Comisión Bicameral Legislativa que investigue las responsabilidades políticas por las 13 muertes del choque fatal.

MONTICAS Y DERUDDER
Desde el 16 de marzo del 2015, el directorio formal de la Empresa Monticas Sociedad Anónima -designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas- estaba conformado por Alejandro David Luppi (Presidente); Raúl José Rodríguez (Vice); Carlos Lelli (Director Titular) y Juan Antonio Ciri (Director Suplente).
Además de ser el Presidente de Monticas, Luppi se desempeña como directivo de Empresa Argentina de Servicios Públicos; Expreso Arito SA; Metropolitana S.A.; Empresa Las Rosas SA; Nueva Chevallier SA. Y forma parte también, claro, de la firma Derudder Hnos SRL, la verdadera propietaria de Monticas.
La Empresa de Transporte de Derudder Hermanos S.R.L., mejor conocida como Flecha Bus, es en realidad un grupo empresarial dedicado al transporte público de pasajeros y al turismo; que tiene como cabeceras la Terminal de Ómnibus de Retiro, la Terminal de Ómnibus de Córdoba y la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno de Rosario.
Raúl y Guillermo Diego Derudder son quienes manejan la empresa. Guillermo -nacido en 1958, casado, con domicilio "legal" en Av. Sabín 991 Bis de Rosario- es el gerente de la firma.
La historia oficial que difunde la familia Derudder sobre Flecha Bus dice que la millonaria empresa "nace en el año 1959 de la mano de su fundador Don Hugo Derudder, quien en ese tiempo vivía en Colonia El Carmen, junto a su esposa Lelia Clara Blanc y sus tres hijos mayores, Yolanda, Raúl y Guillermo. Hoy en día es la empresa número uno del rubro con una amplia cobertura Nacional e internacional, y una moderna flota de micros que se renueva permanentemente".
Esa misma información oficial dice que "los hermanos tienen su propia fundación llamada Fundación Flecha Bus, sus principales ejes de trabajo son la educación vial y la promoción de proyectos de integración en educación, salud y deporte. Es una de las fundaciones de empresarios que más dona del país".

LAS DUDAS
Una empresa exitosa, a excepción de algunas cuestiones menores: la inexistencia de propiedades y cuentas bancarias a nombre de la sociedad familiar alimentan las sospechas de que no se trata de los verdaderos propietarios. Sin embargo, nadie pudo confirmar que los Derudder sean simples testaferros y no los afortunados dueños de una empresa que se equipa constantemente.
Junto a otras empresas del rubro -como Andesmar y Crucero del Norte- Flecha Bus llamó la atención de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. El órgano de control intimó a los transportistas a que le enviaran "información fehaciente acerca de sus estructuras de costos, para constatar si resulta consistente con su actividad". La gran mayoría no pudo superar el examen, hecho que abonó la hipótesis de que esas firmas explotan un buen negocio que poco tiene que ver con el transporte de pasajeros.

La empresa pasó de tener una decena de ómnibus en 1992 a algo más de 3.500 en la actualidad, capital que construyó, muchas veces, absorbiendo a los competidores en quiebra: Nueva Chevallier, Autotransportes San Juan, Rápido San José, Empresa Argentina, Zenit, Ciudad de Gualeguay, El Norte Bis, La Estrella de Tucumán y Sierras de Córdoba, Tata Rápido, Córdoba SRL y Arito, entre otros. Ese veloz crecimiento alentó los rumores de una expansión sostenida por el uso de dinero no blanqueado, que había podido llegar al circuito legal con padrinazgos políticos: a la empresa se la vinculó con figuras como el gobernador Jorge Busti, el ex legislador Augusto Alasino, o el radical Enrique Coty Nosiglia entre otros. Desde Monticas, fue también aportante de la campaña proselitista del Frente Progresista Cívico y Social santafesino.
El nexo probado de la transportista con el espacio político es el estudio legal que la asiste: PCG Consulting, de Eduardo y Adrián Menem.

El periodista Daniel Enz, autor del libro Los Hijos del Narco, explica: "después de Paraná, Concordia y La Paz, el negocio de la droga creció en un ritmo considerable en Colón, San José, Villa Elisa, Villaguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, a partid de los '90. Algunas cosas estaban cambiando desde entonces en la zona de Colón, pero nadie las quería ver. En 1988 la empresa La Flecha -de su fundador, Hugo Derudder- estaba prácticamente fundida. A los hermanos Guillermo Diego y Raúl Hugo Derudder nunca se les hubiera cruzado por la cabeza que 10 años después figurarían como 'los dueños' de un pool de empresas de transporte que hoy reúne alrededor de 3.500 colectivos de última generación".

LOS DUEÑOS DE LA ECA
Los hermanos Derudder son también los dueños de la Empresa Central Alcorta.
Así ha quedado ahora explicitado a partir de una reunión de socios del 2 de Mayo de 2016; en la que Lucas Ricardo Fernandez (argentino, empresario, domiciliado en 7 Jefes No 4069 de Santa Fe, hasta ese momento gerente de la sociedad) cedió el total de las cuotas sociales que le pertenecían en la sociedad en favor de Luis Alberto Derudder, nacido el 15 de mayo de 1973, casado en primeras nupcias con Gisela Fernanda Lima, domiciliado en calle 12 de Abril No 569 de Colon, Entre Ríos.
En forma paralela, José María Ribero (empresario domiciliado en calle Chacabuco No 370 de Colon, Entre Ríos) cedió el total de las cuotas sociales que le pertenecían en favor de Raúl Hugo Derudder, nacido el 18 de Octubre de 1956, argentino, casado en primeras nupcias con María Ana Giménez, empresario, domiciliado en calle Souriguez No 72 de Colon, Entre Ríos.

En el mismo acto se adecuó la cláusula de capital del contrato social: "Cláusula Sexta: El Capital de la sociedad queda constituido por la suma de pesos sesenta mil ($60.000), dividido en sesenta mil (60.000) cuotas de un peso ($1) valor nominal cada una y de un voto por cuota, en las siguientes proporciones Luis Alberto Derudder, titular de cincuenta y cuatro mil (54.000) cuotas sociales de un peso valor nominal cada una, qué representan el 90% del capital social y a Raúl Hugo Derudder, titular de seis mil (6.000) cuotas sociales de un peso valor nominal cada una que representan el 10% del capital social".

Al mismo tiempo, se designó "gerentes de Empresa Central Alcorta S.R.L., a los socios de la empresa Sres. Luis Alberto Derudder, D.N.I. Nº 23.203.864 y Raúl Hugo Derudder, D.N.I. Nº 12.432.095; cuyos datos personales se detallan ut - supra y por el término de dos años".

LA LEY NECESARIA
El servicio de transporte público de pasajeros es una precaria red de 14.000 kilómetros de rutas provinciales que unen a las 356 localidades santafesinas. Para controlar cotidianamente ese entramado, la Secretaría de Transporte de la provincia contaba hasta el 24 de febrero sólo con 36 inspectores. En promedio, a cada agente le corresponderían vigilar casi 390 kilómetros por día.
La interpelación al secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jukic, a partir del accidente del 24 de febrero dejó en claro la inexistencia de controles certeros y la desidia que marca la falta de respuesta a los reclamos repetidos de los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros: la diputada Silvia Simoncini, que participó de la reunión, detalló que "la empresa tenía una concesión precaria. Las constataciones realizadas por los inspectores de la Secretaría de Transporte detectaron deficiencias en la prestación de todos los servicios de la empresa: incumplimiento de horarios y servicios, uso de unidades no matriculadas, problemas de funcionamiento, mal estado de los coches, y un largo etcétera. Había innumerables denuncias de usuarios en igual sentido", dijo la legisladora.

De acuerdo a la información revelada por Jukic, a la empresa le constataron en el año 2015 más de 160 infracciones; y en 2016 un total de 176 infracciones. Sin embargo, Monticas no perdió un solo día de concesión.
La diputada provincial Mercedes Meier señaló que "veinte días antes del accidente presentamos un pedido de informes para preguntarle a la provincia qué controles estaba haciendo sobre Monticas porque nos habíamos desayunado con que recibió 33 millones de pesos del gobierno nacional durante 2016. Le preguntábamos si Santa Fe también le daba aportes, qué controles hacía, qué condiciones tenía que cumplir la empresa para recibir ese dinero, y la respuesta no llegó. Advertíamos que no había habido hasta ese momento víctimas fatales de milagro, y que necesitábamos que se actúe rápidamente ante las denuncias de los usuarios y trabajadores. Estábamos jugando a la ruleta rusa. Y seguimos jugando con algunas empresas de la provincia de Santa Fe".

La Ley Nº 2.499 está vigente desde el 1 de octubre de 1935 y tiene varios decretos que la fueron emparchando en los últimos 82 años. De las 55 líneas de transporte que tienen presencia en la provincia, sólo dos están ajustadas a esa perimida Ley santafesina. El resto desarrolla sus actividades con las llamadas concesiones precarias.

CONTRA EL OLVIDO
Tres meses después del choque de los colectivos de Monticas, y en el marco de la investigación que realiza la Justicia, el Bloque de Diputados del Frente Justicialista para la Victoria aportó a los fiscales una serie de datos que "deberían ser profundizados": "en la documentación que aportamos a la Justicia, entre otras cosas les pasamos las patentes de los dos ómnibus y la documentación que señala que las dos unidades —chapas patente LIM 461 y LJU 650—, estaban registradas una en Jujuy y otra en Paraná, lo que no está permitido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que un ómnibus registrado en un determinado lugar circule por una tercera provincia", destacó en conferencia de prensa el diputado provincial Héctor Cavallero, integrante de ese bloque.

Cavallero indicó además que "la provincia estaba reemplazando los permisos que debía entregar la CNRT por unos permisos precarios por unos tres meses, para que en ese lapso hicieran los trámites ante la CNRT. Además de no estar autorizados, el de Jujuy no lo sacó nunca y el de Paraná estaba vencido hace más de un año", señaló.
En forma paralela, el legislador sostuvo que las autoridades ni siquiera comprueban los ploteos de los coches: "le enviamos las fotos de los semáforos en rojo donde se ve que un mismo ómnibus con la misma patente, aparece como de tres empresas distintas vale decir que el testimonio que presentamos viene de la misma Municipalidad".

El diputado advirtió también falencias en la consecución del servicio: "aparte de no cumplir con la frecuencia, los sábados se usan unidades de Chevalier, Rápido Tata y Las Rosas que son del conglomerado Derudder al que pertenece Monticas", indicó; y remarcó que la empresa concesionaria actual es una UTE integrada por empresas del conglomerado Rosario Bus, "a la fecha se observan frecuencias a cargo del nuevo concesionario que siguen siendo cubiertas por coches de empresas ligadas al grupo Derudder".
Monticas, "es parte de un conglomerado perteneciente a Derudder Hermanos —aunque hay sospechas al respecto—, que desde hace tiempo absorbió a otras empresas del sector de los corredores viarios del NOA, y hoy está intentando ingresar al sector NEA. Es un holding al que numerosos actores cuestionan no sólo por su origen sino también por las prácticas que suele adoptar para absorber otros competidores", puntualizó el reconocido militante político.

"Desde la provincia no dieron explicaciones sobre el cese de funciones del encargado del área de control de esos servicios; a la fecha no se efectuó ningún sumario administrativo para determinar si existió alguna responsabilidad de su área en la aplicación de la normativa vigente que regula la actividad", determinó también Cavallero, para quien es preocupante que "Monticas aportó a la campaña del partido gobernante en la provincia, como consta en los balances ante las autoridades electorales nacionales".

LAS MUERTES ANUNCIADAS
En septiembre del año 2013, la Agrupación Vecino -de la localidad de Alcorta- remarcaba que el servicio público de transporte colectivo de pasajeros se rige en la Provincia de Santa Fe por la Ley 2499, promulgada en octubre de 1935, modificada en no pocas ocasiones. Y denunciaba que esa Ley "fija los requisitos para la concesión del servicio -que incluye un plan financiero y técnico a desarrollar por las empresas intervinientes- y las condiciones a tener en cuenta para la prestación del mismo; pero un recorrido por sus artículos pone de manifiesto el olvido en el que ha caído el transporte de pasajeros como derecho público".

En ese momento, la agrupación analizaba el articulado de la Ley y su evidente incumplimiento:
Los empresarios no podrán aumentar, disminuir ni modificar los recorridos y horarios aprobados por el Poder Ejecutivo", dice la Ley, y puntualiza que esos horarios serán establecidos "consultando las necesidades del servicios atendiendo los pedidos de los pobladores".
Al mismo tiempo exige que se cumplan "estrictamente los horarios aprobados", con alguna tolerancia: "un minuto de retardo por cada diez kilómetros de recorrido". Si la demora involucra un retardo mayor de una hora, "las empresas estarán obligadas a facilitar a los pasajeros los medios y pasajes para llegar a destino utilizando cualquier otro servicio público de pasajeros", advierte la Ley.
La norma declara que "todo boleto dará derecho a un asiento, no permitiéndose transportar más pasajeros que el correspondiente al número de asientos". Pero también reglamenta claramente la garantía de la prestación: "en los casos en que por cualquier evento se produjera una concurrencia mayor a la capacidad del coche los concesionarios podrán hacer salir más de un vehículo, pero siempre dentro del horario acordado".
"Los vehículos que se utilicen en la concesión deberán reunir todos los adelantos técnicos", describe casi jocosamente la Ley. Y detalla: "estarán construidos de manera que eviten ruidos molestos y emanaciones nocivas y tendrán dispositivos que permitan la aereación permanente aún con las ventanas y puertas cerradas".
La disposición garantiza también el monopolio de la prestación para las empresas concesionarias, garantizando un negocio sin competencias: "Ninguna concesión podrá, en su recorrido total superponerse a otra u otras", a condición -queda claro- que "los concesionarios preexistentes cubran con sus vehículos y horarios las exigencias del mayor servicio admisible".

Han pasado 3 años de aquella denuncia pública de la Agrupación Vecino.
Ahora, las consecuencias de las repuestas ausentes se miden en muertes de usuarios.
Y su denuncia se hace mucho más dolorosa y necesaria.


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Jorge Cadús: Es periodista. Es redactor de la revista Postales, de Prensa Regional (edición papel) y colaborador de varias páginas web de noticias. Forma parte del grupo editor del Proyecto Alapalabra, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. Publicó "Postales de un desierto verde" (Tropiya ediciones, 2005); "Un tiempo ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe" (EMR, 2006) junto a Facundo Toscanini; "Combatiendo al capital. 1973-1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino" (EMR, 2009), en colaboración con Ariel Palacios y "La Transa. Crónicas del narcotráfico" (Grupo Editor Postales). En TV fue director periodístico de "Audiencia Debida. Crónicas del sur", "Estación Sur. En los rieles de la patria" y "Tercer Tiempo. El relato salvaje" (Cablevisión Alcorta / Sacks Paz Televisora). Actualmente produce y conduce diariamente "Estación Sur" en Radio Imagen (Alcorta, 106.7 Mhz).