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APUNTES SOBRE LA ZONA FRANCA SANTAFESINA / Jorge Cadús
LAS VENAS ABIERTAS

La Asamblea Legislativa provincial aprobó los pliegos de los miembros del Ente Zona Franca Santafesina (EZFS); al mismo tiempo que una serie de pedidos de informe de distintos sectores políticos dieron estado público a las dudas alrededor de ese proyecto; y encendieron una luz de alerta sobre la necesidad de controlar los negocios que puedan desarrollarse en ese ámbito al margen de la ley.


DEFINICIONES PROPIAS
La Zona Franca Santafesina (ZFS) es -de acuerdo a las propias definiciones de su página web oficial- "un ámbito de la provincia de Santa Fe con un régimen fiscal diferenciado que tiene como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora".
Emplazada en la ciudad Villa Constitución, en un predio de alrededor de 57 hectáreas con ingreso sobre la Ruta Provincial N° 21 que la firma Acindar le vendió al Estado provincial, cuenta con 674 metros de frente costero sobre el río Paraná y algunas ventajas estratégicas: la posibilidad de instalar un puerto de ultramar sobre la hidrovía Paraguay-Paraná; inmediato acceso a la autopista que une Rosario con Buenos Aires; y el acceso a ramales ferroviarios de servicios de cargas, como Nuevo Central Argentino, América Latina Logística y General Belgrano.

El 21 de septiembre de 2010, mediante el Decreto Provincial Nº 1833/10, el gobierno santafesino aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el "llamado a Licitación pública nacional e internacional, para la concesión de la explotación y administración de la Zona Franca Santafesina".
Cuando el 5 de abril de 2011 se realizó el Acta de recepción y apertura de sobres, había un solo oferente: la Unión Transitoria de Empresas en Formación Zofravilla, integrada por las empresas Cereales del Sur SA, Red Flint Warrants SRL, Ponal Terminales Portuarias SA, Worcap SA y el señor Martín González (M.I. Nº 25.588.379).
Tiempo después, -mediante la Resolución Nº 26 del 5 de mayo- se le adjudicó a la firma la concesión. Finalmente, el 30 de junio de aquel año, por Decreto Nº 1255/11, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe dispuso aprobar el proceso licitatorio, y elevó las actuaciones a la Autoridad de Aplicación Nacional para su revisión y aprobación final.

El 25 de enero del año 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación emitió la Resolución 12/2013, con la firma de Hernán G. Lorenzino; mediante la cual aprobó la adjudicación de la concesión para la explotación y administración de la Zona Franca Santafesina en Villa Constitución a favor de Zofravilla.

NEGOCIOS EN PUERTA
La Resolución 12/2013 del Ministerio de Economía de la nación fue publicada en el Número 32.571 del Boletín Oficial, el lunes 28 de enero de 2013. Apenas diez días después, el 8 de febrero, en la Municipalidad de Villa Constitución y con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de Zofravilla se firmó el acta de inicio de la concesión.

El decreto que estipula los términos de esa concesión señala que la misma "se otorgará por 30 años corridos a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de solicitar una prórroga por otros 10 años".
De acuerdo a los pliegos, el concesionario debe pagar un canon mensual que será como mínimo igual al 3% de sus ingresos totales; al tiempo que -con independencia de la facturación- se establece un canon de 3.000 dólares mensuales pagaderos en una sola operación anual -es decir, un pago total de u$s 36.000 por año- a partir del tercer año de concesionada, ya que los dos primeros son a cuenta de las inversiones a realizar.
A partir del sexto año, y hasta finalizar la concesión de 30 años, el canon se habría fijado en 4.000 dólares mensuales, es decir un pago anual de 48.000 dólares de manera fija desde el año 2020 hasta el año 2045.
Un buen negocio para la concesionaria, si se contempla que las estimaciones más conservadoras calculan que sólo por la terminal portuaria se llegarían a comercializar alrededor de 1.000 millones de dólares anuales.

ZONA DE DUDAS
A principios de agosto de este 2016, la Asamblea Legislativa provincial terminó de aprobar los pliegos de los miembros del Ente ZFS, que tiene por objeto "promocionar y administrar el espacio" concesionado hoy por 30 años a la empresa Zofravilla.
Ese órgano fue creado por la Ley Provincial 11.731, y está a cargo de un Directorio, hoy conformado por Eduardo Aparicio y Néstor de los Santos como representantes del Municipio y el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Villa Constitución respectivamente; y Horacio Cucchiari por la Provincia. Sobre el propio Cucchiari recae la presidencia del Ente; y también la mayor parte de los cuestionamientos por su gestión como secretario de Desarrollo Económico, Infraestructura y Empleo del municipio villense durante el gobierno de Horacio Vaquié.

En forma paralela, una serie de pedidos de informe de distintos sectores políticos en la Legislatura provincial dieron luz pública a las dudas alrededor del emprendimiento, su funcionamiento y la conformación de la empresa concesionaria; al tiempo que encendieron la luz de alerta sobre la necesidad de controlar fehacientemente los negocios que pueden desarrollarse en ese ámbito.

El periodista y diputado provincial por el Frente Social Popular, Carlos del Frade, marcó ante este medio los problemas "sobre la designación de algunos de los directores y subdirectores que fueron funcionarios municipales en Villa Constitución, con una historia que deja mucho que desear a la hora de comparar lo que se hizo con las promesas que se hicieron antes de asumir. Por eso hubo cuestionamientos de nuestra parte en la Legislatura".

A su tiempo, el diputado provincial Héctor Cavallero solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre el estado de la concesión de la ZFS: "cuáles son las empresas que poseen la concesión de esa zona franca actualmente y quienes componen sus directorios" preguntó el legislador del Frente Para la Victoria; que requirió también que "de existir cambios registrados, se informe si todos ellos se ajustan a derecho y son admisibles sin cambiar las responsabilidades y derechos reconocidos en la concesión original".

Consultado por este medio, el senador provincial por el departamento Constitución, Germán Giacomino, señaló que "hay algunos cuestionamientos que se están analizando. Fundamentalmente, quiénes son los inversores, de dónde provienen esos fondos, quiénes son los socios y su trayectoria, que nos parece totalmente positivo, porque la premisa que tiene el gobernador es que las inversiones que se hagan en la Zona Franca sean claras y contundentes. Es de público conocimiento que muchas veces zona franca puede dar facilidades para negocios ilícitos, no por lo que puede llegar a entrar o salir, sino por lo que puede salir junto a lo que verdaderamente se fabrica o se produce dentro de la Zona Franca".

FRANCA PREOCUPACIÓN
"La ZFS pertenece al gobierno de la provincia de Santa Fe, que ha hecho una concesión a una Unión Transitoria de Empresas que ganó la licitación, y cuando van a firmar el contrato ya eran otras empresas", denunció el diputado Héctor Cavallero en diálogo con Prensa Regional.
Cavallero manifestó también su preocupación porque "están saliendo informaciones producidas desde algún organismo de gobierno sobre la llegada del gigante ruso Gazprombank, para financiar la realización de un puerto y la construcción de un predio de almacenamiento para fertilizantes fosforados".

Sobre esa llegada de los capitales rusos ligados a Gazprombank, el senador Germán Giacomino señaló que "fue sólo un comentario que se magnificó por todos lados".
Sin embargo, fue el propio Guillermo Misiano, presidente del PTP Group, quien lanzó la información: su empresa sería una de las tres financistas en la construcción de un puerto en Ramallo, con capacidad para almacenar fertilizantes fosforados: "los otros inversionistas en este emprendimiento son el banco ruso Gazprombank, que aportará gran parte del capital, y la compañía binacional Zaraimpex, comercializadora de alimentos y fertilizantes", detallaron varios medios de difusión.

Para Cavallero, "acá hay dos cuestiones: por un lado, por este mismo motivo y por cuestiones ambientales estas firmas fueron echadas de Quequén; y por otro lado esos productos ingresarían en la Argentina, y entrarían a competir sin ningún tipo de pago de impuestos, con los productos nacionales. Además del impacto ambiental negativo que puede tener".
"Nos interesa saber cómo va a funcionar el puerto", define Cavallero, y advierte: "hay que aclarar estas dudas, porque no vaya a ser que nuestra Zona Franca termine por un lado compitiendo deslealmente con los industriales y las producciones locales, y que por otro lado se realicen actividades que no son las que deseamos".

LOS NOMBRES DE ZOFRAVILLA
El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe reconoce la inscripción y, por lo tanto, la existencia de la Unión Transitoria de Empresas Zofravilla con fecha 7 de noviembre de 2013. En forma paralela, se determina que la misma realiza su acto constitutivo en fecha 9 de agosto de 2013, por lo que, aparentemente, se habría presentado a la licitación sin poseer existencia legal y efectiva. En cuanto a lo que se cita textualmente en la comunicación del acto de apertura de sobre por parte del Ente Zona Franca Santafesina, "los socios difieren".
Pero lo que hace más complejo determinar el capital social constitutivo de la UTE a cargo de la concesión de la ZFS son los cambios y movimientos accionarios de sus componentes.

Una de las firmas socias originarias, Red Flint Warrants SRL, fue cancelada como operadora para emitir certificados y warrants por el Ministerio de Agricultura de la Nación, ya que no efectuó operaciones por más de dos años. Por tanto, no puede seguir funcionando.

Otra de las firmas originarias es Worcap SA, una sociedad bursátil dirigida por Fernando Vorobiof y Daniel Andrés Casanovas, envuelta en varias investigaciones judiciales por ilícitos cometidos en el marco de negocios inmobiliarios. En marzo de este año, Rosental Inversiones compró parte de la prestadora de servicios financieros Worcap, de acuerdo a la propia explicación, "para crecer en el negocio de la organización y estructuración de obligaciones y fideicomisos financieros".

En la documentación oficial emitida por el Ente Zona Franca acerca de la licitación, la original Ponal Terminales Portuarias SA ha mutado a PTP Group SA, una operadora portuaria con sede en San Nicolás, y con presencia dentro de los puertos de esa ciudad bonaerense, Quequén, Timbúes, Nueva Palmira, (Uruguay, bajo el nombre de Terra Plaza), Ramallo y Puerto Villeta (Paraguay). Su presidente es Guillermo Misiano.

En Paraguay recibió en el año 2014 la concesión por 20 años del mencionado Puerto de Villeta. La oferta incluía la promesa de inversión de u$s 3.5000.000, pero dos años después no se destinó un solo peso; al tiempo que estaría usufructuando un depósito en tierra municipal. El hecho se convirtió en un escándalo mediático en Paraguay, donde se tildó al PTP Group como "la empresa de papel", ya que "el negocio del puerto de Villeta solo figura en documentos".
En ese marco, el Ministerio Público de Paraguay inició una investigación patrimonial a todos los empresarios vinculados al consorcio PTP Group, conformado para ese proyecto a partir de la integración de Gregser SA –una firma de Gregorio Sergín, un peluquero, y su hijo, Santiago Servín, ex funcionario de la Cancillería– y PTP Warrant, cuyos directivos son los nicoleños Hugo René Gordone y Guillermo Misiano. La pesquisa "fue abierta de oficio por la Fiscalía de Delitos Económicos, y busca determinar si existen nexos entre la empresa PTP Group y el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero como testaferro de Cristina Fernández".

Ante la consulta de Prensa Regional, el senador Germán Giacomino señaló que "tanto Guillermo Misiano como Daniel, que son los hermanos al frente del PTP Group, son quienes están a cargo y quienes están haciendo todas las inversiones. Por lo que uno puede ver, están muy interesados, ellos no hablan de esta investigación que vos citás ni nada por el estilo, sí confirmaron que tienen socios comerciales en el exterior, no hablan de tener investigaciones judiciales donde estén involucrados en el Paraguay".
"A título de comentario te digo que a quien se sospechaba en esta investigación era a su socio comercial en Paraguay, pero esto es todo en base a comentarios. En la Legislatura todavía no ha llegado nada que sea fehaciente y nos pueda motivar para corregir alguna situación. Ellos hoy siguen avanzando, siguen trabajando, ahora están cumpliendo toda la parte de la Afip, se siguen relacionando con la Aduana Nacional, y esperando tener todos los permisos para comenzar a realizar los trabajos como grupo inversor", explicó el legislador villense.

Sin embargo, diferentes medios paraguayos confirmaron que la fiscalía antilavado de ese país "está investigando a la firma por el presunto lavado de dinero y usufructo de la concesión del puerto de Villeta fuera de las normas legales", en un escándalo que incluye a diputados y senadores del vecino país.

DUDAS BLANCAS
"La zona de Villa Constitución, Zárate, Ramallo, se convertirá en la plaza alternativa de Rosario y el Gran Rosario" afirmó ante varios medios de comunicación Guillermo Misiano, presidente de PTP.
En ese corredor abierto con salida al tráfico internacional pone el acento Héctor Cavallero: "tenemos información que se enlazaría con un puerto en Ramallo, y se abre una línea con trasbordos de barcazas que vienen de Paraguay, pasarían a barcos de ultramar, y de allí directamente se irían al mar, sin ningún tipo de control".
"Antes los cargamentos venían desde Puerto Fénix, en Paraguay. Como empresa. Puerto Fénix tenía instalaciones en Paraguay, Zárate-Campana y Nueva Palmira, y quería poner instalaciones en Santa Fe. Un cordón perfecto para pasar sin que nadie lo controlara. A raíz de la documentada denuncia que hicimos por su llegada al Puerto de Santa Fe, se le elevó al gobernador un dossier con mucha información conseguida en el Paraguay y en los lugares como Hamburgo, España y un montón de lugares donde llegaba la cocaína, porque estamos hablando de esto. A partir de nuestra denuncia no se le otorgó la concesión a Puerto Fénix", recuerda el histórico legislador; al tiempo que previene: "se terminó con Puerto Fénix y ahora aparecen dos nuevos puertos, los dos en Paraguay: Pedro Juan Caballero y Puerto Villeta. Por eso queremos saber qué relación existe entre Puerto Villeta, en Paraguay, y el puerto que se va a hacer en la Zona Franca villense".

Para el senador Germán Giacomino, "va a tener un gran trabajo y tiene que estar ahí permanentemente con las antenas prendidas el Ente Zona Franca, atento a todos los movimientos, inversiones y situaciones que se realicen dentro de ese ámbito".

En la misma sintonía, Carlos del Frade advierte que "ante cualquier negocio que se presente a partir del formato de la zona franca hay que poner mucha atención, porque por allí pueden aparecer no solamente empresarios vinculados al lavado de dinero sino también a otro tipo de negocios. Por eso hay que pedir la mayor cantidad de informes posibles".

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Imagen: Archivo Postales



Jorge Cadús: Es periodista. Es redactor de la revista Postales, de Prensa Regional (edición papel) y colaborador de varias páginas web de noticias. Forma parte del grupo editor del Proyecto Alapalabra, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. Publicó "Postales de un desierto verde" (Tropiya ediciones, 2005); "Un tiempo ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe" (EMR, 2006) junto a Facundo Toscanini; "Combatiendo al capital. 1973-1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino" (EMR, 2009), en colaboración con Ariel Palacios y "La Transa. Crónicas del narcotráfico" (Grupo Editor Postales). En TV fue director periodístico de "Audiencia Debida. Crónicas del sur", "Estación Sur. En los rieles de la patria" y "Tercer Tiempo. El relato salvaje" (Cablevisión Alcorta / Sacks Paz Televisora). Actualmente produce y conduce diariamente "Estación Sur" en Radio Imagen (Alcorta, 106.7 Mhz).