Investigaciones

30 AÑOS DE DEMOCRACIA / Carlos Del Frade
EL ARCHIPIÉLAGO SANTAFESINO

La provincia con forma de bota y nombre religioso tuvo su proyecto grabado en el vitraux que todavía se muestra en el techo del viejo Banco Provincial, en la esquina de San Martín y Santa Fe, en la ciudad de Rosario. El quebracho colorado en el norte, las vacas y la leche en el centro oeste, la pesca en el litoral, el arado, la industria y los puertos en el sur. Postal que quedó allí, cuando todavía la herramienta financiera parida por varias generaciones de santafesinos seguía perteneciendo al Estado, antes de ser privatizada y entregada a los narcolavadores hermanos Rohm, hoy presos por esa razón. Treinta años de democracia después han dejado poco de aquella proyección colectiva grabada en el cielo de la vieja institución. No hay más quebrachos, los puertos fueron privatizados y tanto la industria como lo agropecuario parece depender más de las variantes internacionales que de las locales. Y a pesar de una real reactivación que se notó a partir del año 2005, las urgencias sociales hoy se miden en el inédito número de asesinatos que hicieron de Rosario la ciudad con mayor número de homicidios en la Argentina de 2013, un triste ranking que parece no importar a mucha gente que justifica la violencia cotidiana detrás del racista argumento: “Dejá. Se están matando entre ellos”, una especie de renovación de la naturalización del genocidio: “Por algo será”.


Aunque Santa Fe se haya convertido en la segunda economía del país, sus mayorías trabajadoras, sin embargo, no parecen haber alcanzado el paraíso que promete el mercado. En forma paralela, ocho de cada diez pibes de los sectores populares no terminan la escuela secundaria en tiempo y en forma, según datos oficiales. La provincia, al igual que sus grandes aglomerados urbanos, Santa Fe y Rosario, parece ser un archipiélago con islas de la fantasía, otras de pesadilla y muchas que pelean entre el alba y el crepúsculo de forma cotidiana.

Treinta años después, los sectores trabajadores deberán recordar aquellos fuegos del ´69 que empezaron en Villa Ocampo y se continuaron en Rosario, donde la vida tenía sentido si la felicidad era el derecho de todos y no la propiedad privada de unos pocos. De este archipiélago provincial hablan los datos que vienen. Los mismos que obligan a definir un rol en la historia: protagonistas de una realidad distinta o espectadores del show montado para justificar el privilegio de pocos.

EL RELATO SANTAFESINO
“Con un Producto Bruto Geográfico (PBG) de 200.722 millones de pesos en 2012, la provincia de Santa Fe se consolida como la segunda economía más importante del país, detrás del aglomerado que conforman Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires”. Así lo indica el último informe sobre el producto bruto santafesino publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). “El crecimiento estuvo signado por los sectores productores de servicios, dado que los productores de bienes tuvieron una retracción”, explicó el director del IPEC, Jorge Moore, quien además sostuvo que “mientras que durante los últimos 19 años el PBG santafesino creció en un 3 por ciento promedio anual, durante 2012 tuvo un crecimiento prácticamente nulo, con una leve contracción del 0,2 por ciento”, sostuvo el gobierno de la provincia en setiembre de 2013.

Santa Fe, entonces, es la segunda economía de la Argentina, una buena síntesis de los últimos treinta años, las primeras tres décadas de democracia ininterrumpidas de la historia nacional.
No es un dato menor. Más si se tiene en cuenta que la provincia había perdido entre 1985 y 1994, 63.085 puestos laborales solamente en las industrias.

En el Gran Santa Fe, por ejemplo, “observando el nivel de ocupación desde mediados de los setenta a los primeros años de la postconvertibilidad y en particular el empleo industrial, vemos la incidencia de la apertura y liberación comercial claramente reflejada en los datos de tres años claves: 1975 como el último año del modelo de sustitución y preponderancia del mercado interno; 2001 como año donde entra en crisis el modelo de apertura e internacionalización financiera; y 2005 un año donde se recuperan los empleos industriales al abrigo de la nueva sustitución en base a la protección de la devaluación postconvertibilidad. A partir de la década del ‘90 las transformaciones estructurales se profundizaron, generándose una mayor desindustrialización. La presencia de grandes firmas oligopólicas en el sector industrial y las ramas que tienen mayor dinamismo ponen en evidencia que la estructura manufacturera está cada vez más articulada en torno a un reducido grupo de actividades que tienen como sustento la explotación de ventajas comparativas naturales y/o institucionales. Así, las implicancias inmediatas de la fuerte contracción del sector industrial se evidencian en el crecimiento continuo de la tasa de desocupación, que parte en 1978 de 5,5% y llega en el año 2002 a 23,5% en el Aglomerado Santa Fe, reflejo de similar situación en el resto del país”, sostienen los investigadores Alberto Daniel Papini, Liliana Patricia Chamorro y Betiana Noelia Mendoza, en su trabajo “Evolución del mercado de trabajo y la ocupación industrial del aglomerado Gran Santa Fe, un análisis desde el desmantelamiento de la sustitución de importaciones a los primeros años de la postconvertibilidad”.

Y agregan que “según la Encuesta Permanente de Hogares en abril de 1975 había 13.125 asalariados en el aglomerado Gran Santa Fe en las industrias manufactureras, la tendencia de descenso continuo llegó a mayo del 2001 donde solamente quedaban 7.835 empleados industriales ocupados. Sin embargo, el empleo industrial local se recupera desde la salida de la convertibilidad, para superar la cifra de 1975, recién en el segundo semestre del 2005, con 14.638 asalariados ocupados en la industria”.

Los años de mayor desocupación en el Gran Santa Fe fueron 1995, con el 20,9 por ciento y 2002, con el 23,4 por ciento.

De acuerdo a los trabajos de Alicia Castagna y María Woelfin, en el Gran Rosario, en tanto, “las políticas macroeconómicas implementadas en la década del noventa no han sido favorables para esta Región, provocando una situación de crisis socioeconómica que se manifestó en tasas de desocupación superiores al 20% y en situaciones de pobreza no vividas anteriormente. El modelo de Convertibilidad acentuó la vulnerabilidad al sector externo y la concentración de ingresos, provocando marginalidad y exclusión. Pero este fenómeno se asentó sobre los desequilibrios que existieron en el período previo, desde fines de la década del ´70, que provocaron un crecimiento del empleo menor que el ritmo de incremento de la población económicamente activa y de la cantidad de bienes y servicios finales que se producían. Por lo que el hecho más destacado a lo largo de estos años es la baja capacidad de la economía para generar empleo. La salida de la convertibilidad ha provocado grandes cambios en el desenvolvimiento económico del Gran Rosario. Son varios los factores que influyen en la respuesta de las actividades económicas frente a la variación del tipo de cambio. La región de Rosario ha aprovechado la variación de precios relativos entre lo importado y lo nacional provocada por la devaluación y se ha sumado al proceso sustitutivo de importaciones que ha encarado la actividad manufacturera del país. Unido a ello, el alto precio de la soja también influye en la recuperación de su economía”, apuntaron las investigadoras.

En el Gran Rosario, los años de mayor tasa de desocupación también fueron 1995, con un 20,9 por ciento de la llamada Población Económicamente Activa y 24,3 por ciento en el año 2002, después del feroz diciembre que terminó con la administración nacional de Fernando De La Rúa.

SIN EMBARGO
De acuerdo al último “Informe Laboral de la Encuesta Permanente de Hogares”, de octubre de 2013, correspondiente a los aglomerados Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás – Villa Constitución hay 140.610 trabajadores desocupados y subocupados; 291.232 asalariados sin cobertura social y seis de cada diez de los que no tienen trabajo estable tienen entre veinte y 39 años.

Números oficiales que ofrecen la cara menos visible de la segunda economía del país.
El mismísimo ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner, afirmó en mayo de 2010 que había 160 mil jóvenes que no trabajan ni estudian en la provincia.
¿Qué hacen esos pibes, qué hacen esas pibas? ¿Dónde encuentran el soporte material que les permita pelear para convertir sus sueños en realidad?

En junio del año del bicentenario, el llamado “Informe Social de la Encuesta Permanente de Hogares. Evolución de las características sociales de los hogares, de los niños menores de diez años y de las personas de 18 años y más y su relación con el ingreso per cápita familiar en el Gran Rosario y Gran Santa Fe”, sostenía que “analizando la distribución del nivel de instrucción por escala de ingreso en el tercer trimestre de 2009, se aprecia para ambos aglomerados una marcada tendencia, a medida que aumenta el ingreso aumenta el nivel de instrucción de las personas mayores de 18 años. Para ambos aglomerados, si se contrastan el 20% de los hogares con menos y con más ingresos se observa una gran diferencia, donde en el primer caso en promedio ocho de cada diez personas no tienen secundario completo mientras que en el segundo caso sólo dos de cada diez. En consecuencia existe una alta proporción de población sin estudios secundarios en los hogares con menores recursos”.

Es necesario pensar esa cifra: “en promedio ocho de cada diez personas no tienen secundario completo” en los sectores con menores ingresos.

Los barrios populares, allí donde crece de forma desbocada la muerte, de manos de armas que están más al alcance de la vida de nuestros pibes que un trabajo.
Por eso no es casual que siete de cada diez víctimas de homicidios sean menores de 35 años, el mismo promedio de los que no tienen trabajo ni tampoco estudian.
Los que viven sin sentido, matan o son matados sin sentido.
Mientras tanto, en las islas de la fantasía se concentran millones de pesos a través de las distintas formas de acumulación que tiene esta segunda economía del país que es la provincia de Santa Fe. Muchas de esas formas son legales, algunas de ellas, letales incluso, son ilegales.

Para ser claros: 760.299 personas que reciben ingresos en los aglomerados del Gran Rosario y Gran Santa Fe viven con menos y hasta 5 mil pesos mensuales.
En lo alto de la pirámide social del archipiélago santafesino, 107.939 personas de los dos grandes centros urbanos, ganan hasta 25 mil pesos mensuales.
La diferencia entre los que más tienen y los que menos perciben en la provincia es de 25 veces. Ese es el tamaño de la injusticia social en la provincia de Santa Fe, según se desprende de los datos oficiales de la llamada “Evolución de los ingresos de la población de hogares según la Encuesta Permanente de Hogares continua”, correspondiente al segundo trimestre del año 2013.

LA REALIDAD DE LOS PIBES ROSARINOS
Los números que vienen corresponden a la realidad de la niñez y la juventud del Gran Rosario en el contexto nacional, según el reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia. Las cifras expresan, en primer lugar, la situación del país y luego la de la región.
Transcurrida una década de crecimiento económico, mayor inclusión en el mercado laboral, aumento del gasto social y protección social a la infancia, se llega al tercer año del período del Bicentenario con el 20% de la población de 0 a 17 años en hogares en situación de inseguridad alimentaria (18,6% en Gran Rosario).

Aun en el marco de importantes progresos en la inclusión socio-ocupacional de la población adulta, el 46,2% de los chicos/as no tiene cobertura de salud a través de obra social, mutual o prepaga (40,2% en Gran Rosario). Este déficit de cobertura se ha mantenido estable durante los últimos tres años y, claro está, registra una significativa brecha de desigualdad social regresiva para los chicos/as que pertenecen al estrato socioeducativo más bajo.
Las mediciones muestran que el 48% de los chicos/as que viven en los grandes aglomerados urbanos del país se ve afectado por un problema en su medioambiente de vida (cercanía de fábricas contaminadas, basurales, quema de basura o presencia de plagas). En el Gran Rosario abarca al 55,5%. Esta situación se agrava conforme empeoran las características del espacio socio-residencial y disminuye el estrato social de pertenencia.

Otro problema es el déficit de condiciones de saneamiento adecuado, que afecta al 44% de la niñez y adolescencia (35% en Gran Rosario). La falta de acceso a la red de gas afecta al 41% de la población de niños/as y adolescentes, y no ha cambiado esta situación entre 2010 y 2012 (44,3% en Gran Rosario). La situación de hacinamiento, en cambio, perjudica al 20% de dicho segmento, y en un porcentaje similar a quienes viven en una casa precaria en términos de su construcción. Estas condiciones claramente deficitarias, que presentan desigualdades sociales muy relevantes, perjudican los procesos de crianza, socialización y educación de muchas infancias y adolescencias.

Estar al cuidado de la madre o del padre parece no ser siempre garantía de gozar de ciertos estímulos emocionales e intelectuales que se valoran como positivos para el desarrollo del máximo potencial del niño/a. El 31,5% de los niños/as de entre 0 y 4 años no les suelen contar cuentos ni narrar historias orales, y el 37% de ellos no tenía libros infantiles en su hogar (36% y 38,3%, respectivamente en Gran Rosario).
Las estructuras de oportunidades de sociabilidad extraescolares presentan significativas desigualdades sociales y son claramente un déficit para muchas infancias y adolescencias urbanas. En efecto, el 65% de los chicos/as no suele acceder a espacios de recreación (espacios de juego, teatros, cines, espectáculos, conciertos, entre otros); el 59,9% no suele practicar actividad física o deportiva; y el 82,6% no realiza actividades artísticas extraescolares. Asimismo, en el grupo de los escolares, el 86,9% no suele concurrir a colonias de vacaciones en verano (63,8%, 56,8%, 82,4% respectivamente en Gran Rosario).

En el grupo de edad 13-17 años se estima una tasa de no escolarización de 8,4% en 2012 y una de sobre-edad de 19,9%, sin variaciones significativas en el trienio (el déficit educativo fue del 28,4% a nivel urbano país y del 38,2% en Gran Rosario). Se advierte, no obstante, una mayor propensión al déficit educativo en los varones respecto de las mujeres, y también a medida que desciende el estrato social y empeora el espacio socio-residencial, alcanzando al 26% de los estudiantes en escuelas de gestión pública y al 9% en las de gestión privada.

DARSE CUENTA
Ningún negocio ha crecido tanto como el narcotráfico en la provincia de Santa Fe: los datos oficiales de la policía dicen que hasta 1988 la cocaína incautada era de 200 gramos por año desde 1973, en 2012 fueron 400 kilogramos. Dos mil veces aumentó la circulación en menos de un cuarto de siglo. Ninguna otra actividad económica tuvo semejante desarrollo. Ni siquiera la soja y sus derivados.
Pero la cocaína no brota de la tierra santafesina, como sí lo hace la soja. De acuerdo al último informe de las Naciones Unidas sobre la situación mundial de las drogas, publicado el 27 de junio de 2013, la Argentina es el principal consumidor de cocaína del continente y el tercer exportador hacia Europa.
Y, por otro lado, el documento de la Auditoría General de la Nación sobre los puertos de San Lorenzo, Buenos Aires y Campana, sostiene que no hay controles que funcionen bien, una clara oferta para la introducción de cualquier tipo de sustancias.

A fines de 1998, el entonces comisario de la Policía Federal, Oscar Alvarez, a cargo de la División de Drogas en Rosario, ubicada en Avenida Francia y 3 de Febrero, le decía a este cronista que los mayores cargamentos de sustancias prohibidas entraban por los puertos privados de San Lorenzo y Puerto General San Martín, al norte de la ciudad cuna de la bandera.
La situación del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, entonces, tiene condicionamientos externos, nacionales e internacionales y determinantes internos.

De allí las cifras de asesinatos cometidos durante 2012: 183, número que arrojó una tasa de homicidios de 15 por cada cien mil habitantes. Dos veces y media la tasa promedio nacional.

Las crónicas periodísticas dan cuenta de la complicidad de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, de la lentitud en los procedimientos judiciales santafesinos y federales, la presencia de grandes estudios de abogados y contadores, nombres de funcionarios políticos peronistas y socialistas que aparecen en causas alojadas en los tribunales y empresarios que son investigados por lavado de dinero en la justicia de España.

24 años de gobiernos peronistas y seis de administraciones socialistas demuestran corresponsabilidades a la hora de explicar el crecimiento del negocio criminal.
Es pura hipocresía sostener que la culpa es exclusiva de lo nacional o lo provincial, peronista o socialista. No es serio tirarse la pelota mutuamente porque es una discusión superficial y estéril. Hace falta una profunda autocrítica para saber qué se hizo mal en estos 30 años de democracia si es que, efectivamente, se quiere salvar la vida de nuestros pibes.
Cada vez mueren más pibes porque cada vez tienen menos herramientas para vivir de otra cosa que no sea la economía ilegal del narcotráfico.

Desde 2011 en adelante los números oficiales del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos sostienen que ocho de cada diez chicas y chicos no terminan la escuela secundaria en los grandes barrios populares del Gran Rosario y del aglomerado Santa Fe – Santo Tomé. Pibas y pibes que terminarán convertidos en consumidores consumidos y que intentarán ganarse la vida como soldaditos de los bunkers donde cobrarán, como mínimo, cuatro mil pesos por mes, una cifra que no ofrece ningún plan social y que no tienen de otra forma porque más allá que ahora podrán votar desde los 16 años, no hay trabajo para los que cumplen quince y tienen necesidad de llevar algunos pesos a sus hogares, por más que la Constitución Nacional les diga que pueden producir a partir de esa edad.

No hay guerra narco, hay disputas feroces por esos puestos laborales precarios y peligrosos que los metamorfosea en soldaditos barriales.
Soldaditos que son armados con llamativa facilidad porque resulta muy sencillo conseguir una pistola en las calles rosarinas, consecuencia de un mercado negro de armas que no escapa al conocimiento policial según se desprende de las escuchas telefónicas del caso del triple crimen de Villa Moreno.
Por eso no se trata de ausencia del Estado, sino de presencia corrupta del estado en los barrios a través de las fuerzas de seguridad corruptas, verdaderos carteles que garantizan la distribución de las drogas porque manejan la calle y, por lo tanto, los negocios de las calles.
Tampoco es flagelo, denominación que remite al castigo bíblico que se abatió sobre Sodoma y Gomorra por decisión de Jehová. Nada hay más humano que el negocio del narcotráfico, nada más perversamente material y absolutamente ajeno a la metafísica, que la inversión necesaria para comprar drogas, transportarlas, distribuirlas, venderlas y lavar el producto de su recaudación.

Si 400 kilogramos de cocaína fueron secuestrados de manera oficial durante el año 2012, hay que pensar que se mueven diez veces más, según las recomendaciones de los estudiosos colombianos. Y si el precio mínimo es de 150 pesos por gramo de cocaína de la llamada alita de mosca, el monto total sería de 600 millones de pesos en un año, sin estirar. Por lo tanto, si de un kilogramo de cocaína se pueden sacar por lo menos otros cinco, el monto del circuito económico supera los 3 mil millones de pesos en un año. En febrero de 2013, papeles que forman parte de una investigación nacional y que ya está en tribunales federales de Buenos Aires y Rosario, hablaban de un total de 2 mil millones de pesos por año en el negocio del narcotráfico en la ex ciudad obrera. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de la Municipalidad para atender las necesidades de un millón de habitantes es de 3.600 millones de pesos. Alrededor del 56 por ciento de ese presupuesto anual es lo que circula entre los principales grupos que concentran el negocio criminal.
Mucho dinero para comprar muchas complicidades y muchos servicios especiales de distintos sectores de la sociedad.

Hacia 1993, los tribunales provinciales recibieron una denuncia policial que hablaba de la composición de las llamadas cajas negras donde ya se hablaba de la recaudación proveniente del negocio de la venta de drogas.
En 1995, la suspensión y posterior quiebra del Banco Integrado Departamental con sede en Venado Tuerto, instaló un término hasta ese momento desconocido: lavado de dinero, de mil millones de dólares.
Tres años después, el Banco Provincial de Santa Fe era privatizado y pasaba a manos del Banco General de Negocios, propiedad de los hermanos Rhom, denunciados como lavadores del narcotráfico y que luego terminarían presos. Nadie prestó atención a aquellas denuncias.

A fines de los años noventa, la privatización del puerto rosarino abriría las compuertas para la transformación de esos muelles que alguna vez fueron la identidad de la ciudad. Hoy esa terminal está siendo investigada desde la justicia española y ya generó detenciones de empresarios vinculados al otrora puerto más importante de la Argentina.

En el año 2000, la Administración Federal de Ingresos Públicos inició una causa por lavado de dinero contra el entonces presidente de Ñuls, Eduardo López. Hecho que todavía peregrina por los oscuros caminos de la justicia federal rosarina.

Es decir que las menciones al lavado de dinero fueron anteriores a las noticias que hoy hablan de los grupos narcos con base en las barriadas populares.
La primera cuenta vino de arriba, la puerta que garantizaba el lavado de dinero. Después aparecería la otra cuenta, el otro lado del negocio.
Y en forma paralela, oficiales de las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, gambeteaban denuncias de corrupción, connivencia con grupos delictivos y conseguían ascender en la escala jerárquica.
El huevo de la serpiente ya se había desarrollado y crecía el cuerpo del reptil ante la complacencia de un poder político que no tenía ni la decisión ni la valentía para poner punto final ante tanta corrupción.
De acuerdo a esta crónica se puede comprobar que antes del desarrollo de los grupos narcos en los barrios periféricos de Rosario, estuvieron los negociados del poder empresarial vinculados a las decisiones políticas, nacionales, provinciales y municipales.
Después vino la segunda cuenta, la otra puerta del negocio narco: la cuenta roja de sangre joven derramada en los barrios.

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Imagen: Nicolas Pousthomis



Carlos Del Frade: Escritor, periodista y docente. Nació en Rosario en 1963. Autor, entre una treintena de trabajos, de "Postales del ex-cordón industrial del Gran Rosario"; "La iglesia y la construcción de la impunidad"; "Desaparecidos desocupados"; "El Rosario de Galtieri y Feced"; "Santa Fue, una provincia robada"; "Matar para robar"; "Ciudad blanca, crónica negra"; "Central Ñuls, la ciudad goleada" y "Perón, la Triple A y los Estados". Fue director periodístico de Radiohistorias (Radio Universidad Rosario) y La Voz del Grillo" (Televisión Regional de San Lorenzo). Es redactor de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo y de las revistas El Vecino y El Eslabón (Rosario) y Prensa Regional (Alcorta). Entre otros premios, obtuvo en varias oportunidades el Martín Fierro por su labor en radio; y en el 2005 recibió el Premio Nacional Arturo Jauretche por su labor en los medios de comunicación. En el año 2015 fue electo diputado provincial por el Frente Social y Popular.