Crónicas
NEGOCIOS ILEGALES Y LAVADO DE DINERO / Jorge Cadús
LOS INTOCABLES
Hacia abril del 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó una serie de procedimientos en el sur santafesino, donde detectó "serios incumplimientos" a la normativa antilavado de activos por parte de treinta dos entidades e instituciones de la región. Por entonces, el ex intendente de Rosario, Héctor Cavallero, definió a esa ciudad como "el mayor centro de lavado de dinero". Pocos meses después, en diciembre, un allanamiento en la Asociación Médica de Rosario marcó el punto final para las investigaciones de ese tipo. La UIF fue desmantelada por el gobierno macrista, y las rutas de blanqueo de capitales sumaron tranquilidad y buena salud. Desde la cadena de puertos asentadas sobre el Río Paraná a los Casinos de Rosario y Melincué; desde empresas de renombre a funcionarios del gobierno nacional, la crónica del circuito del lavado sigue descubriendo, sin embargo, los costados ausentes de la historia.
LAS PUERTAS DEL BLANQUEO
Entre el 8 y el 12 de abril del 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, realizó una serie de procedimientos en el sur santafesino, donde detectó "serios incumplimientos" a la normativa antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Las irregularidades comprobadas en el procedimiento de supervisión abarcaron a 32 sujetos obligados y "deberán ser corregidas, mientras se inician las actuaciones penales y administrativas pertinentes", tal y como advirtió el organismo en un comunicado.
Durante el operativo, 42 inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) supervisaron seis bancos y casas de cambio; ocho cooperativas y mutuales con actividades financieras; siete sociedades de bolsa; cinco compañías de seguros y sociedades de productores de seguros; y seis inmobiliarias, clubes de fútbol y fideicomisos no financieros. Los controles fueron realizados a fin de verificar si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo.
Entre los sujetos supervisados se destacaron los clubes Rosario Central y Newell´s Old Boys; La Segunda Compañía de Seguros de Personas; La Segunda Compañía de Seguros de Retiro; Previnca Seguros; Nuevo Banco Santa Fe SA y Banco Municipal de Rosario.
También se controló a las inmobiliarias Banchio S.A. y Dunod S.A.; y las entidades cambiarias Cambio Estelar SRL, Carbatur SRL, Transatlántica S.A. y Daminato Viajes y Cambio S.A.
La información de la UIF precisa que el operativo incluyó asimismo a los fideicomisos AG1 SA y Transatlántica Servicios S.A.; las mutuales AM Mutual de Ingenieros y Constructores de la República Argentina y AM Familia Policial, entre otros.
A través de dos comunicados (Prensa UIF 20/2013 y Prensa UIF 23/2013) la UIF reveló que en esas entidades se encontraron "serios incumplimientos a la normativa antilavado y contra la financiación del terrorismo que deberán ser corregidos, mientras se inician las actuaciones penales administrativas pertinentes".
Fue el entonces concejal y ex intendente de Rosario, Héctor Cavallero, quien definió a esa ciudad como "un centro de lavado de dinero". El referente del Partido del Progreso Social advirtió que "aunque a la Policía Federal la pagamos entre todos los argentinos, en el triángulo que conforman San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, con epicentro en Rosario, no hay más de 120 agentes para controlar delitos de su incumbencia".
Al mismo tiempo señaló que esa fuerza federal "no sólo sería necesaria para combatir la lucha contra las drogas, sino también para controlar el lavado de dinero porque acá, en Rosario, está el centro más grande de lavado del país". En ese sentido, recordó que en la reunión que la intendenta Mónica Fein y los presidentes de bloques del Concejo tuvieron con la Cámara Federal, los jueces "dijeron que no tenían registrado ningún caso de lavado cuando uno, solamente leyendo los diarios, sabe y se da cuenta de lo que ocurre".
Cavallero recordó a "una financiera de la peatonal Córdoba -en referencia a Rosenthal- de la cual salió un muchacho, Walter Serra, cuyo cuerpo después apareció en Serodino. Hay salideras y robos a diario y el juez Javier Beltramone ya la está investigando por lo que pasó con el hijo de un empresario entrerriano y su acompañante, al que mataron tras un robo. Eso demuestra que Rosario tiene un circuito de lavado de dinero negro del cereal, un corredor por el cual pasa el dinero que se invierte en ladrillos pero que también usa el narcotráfico. Y esos son delitos federales", reclamó.
Está claro que los hechos que terminan explotando en las noticias policiales en la región tienen, siempre, un costado ausente: las rutas de las sumas de dinero que resultan de los negocios ilegales.
Un circuito de plata fresca que cotidianamente ingresa en el sistema financiero "legal" a partir de inversiones en emprendimientos inmobiliarios, hoteles, bienes de lujo. Y que necesita resortes de blanqueo dinámicos que habiliten ese ingreso.
EL LAVADO MÉDICO
El miércoles 16 de diciembre del 2015, efectivos de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Gendarmería allanaron, por orden del Juzgado Federal Nº 4, las sedes de la Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario.
"El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación realizada por la delegación Nº 1 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) local, por una supuesta evasión impositiva de un grupo de socios de la entidad. Entre otras cosas, se secuestraron libros contables y documentación sobre registro de asociados y movimientos de cajas de ahorro, señalaron las escasas crónicas periodísticas que el día siguiente dieron cuenta del procedimiento legal.
Esas mismas crónicas consignaron que la orden de allanamiento librada por el titular del Juzgado Federal Nº 4, Marcelo Bailaque, llegó en el marco de una causa iniciada este año por la Afip tras encontrar "inconsistencias en la declaraciones juradas de un grupo de socios", según explicó el titular de la Asociación Médica, Dardo Dorato.
Entre otras cosas, se requirió documentación "referida a registros de asociados, activos, adherentes y participantes y documentación respaldatoria de los movimientos de las cuentas de ahorro mutual"; y el operativo requisó "libros contables y listados de movimientos de los últimos años de las cajas de ahorro de una centena de socios".
La causa tiene su origen en investigación de la delegación Nº 1 de Afip, a partir de la sospecha cierta que profesionales de la salud tributarían a la Afip muy por debajo de sus ingresos reales; y en el camino de la pesquisa fiscal ya se registraron allanamientos en hospitales y sanatorios de la ciudad.
Desde la Asociación Médica se explicó "el procedimiento no se desarrolló en la Asociación Médica, sino en la Mutual que tiene algunas oficinas en el mismo edificio. Y se originó en un requerimiento de búsqueda de información sobre el movimiento financiero de un grupo de socios"; al tiempo que sostuvo que "la mutual remite habitualmente los informes a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), encargada de investigaciones sobre lavado de dinero, y además frente a requerimientos mantiene al tanto a la Afip de los movimientos de las cajas de ahorro de sus socios".
La Mutual de la Asociación Médica concentra a más de 17.000 socios, de los cuales cerca de 4.500 son profesionales de la salud, y pertenecen también a la Asociación Médica. El resto son personas que se incorporaron a través de convenios con otros colegios profesionales y sindicatos.
El procedimiento de diciembre de 2015 en la sede de la Asociación Médica de Rosario se convirtió en una de las últimas acciones desarrolladas desde organismos públicos, como política de Estado, sobre irregularidades que pueden profundizar los circuitos de lavado de dinero.
EL LAVADO MACRISTA
A fines de enero del 2016, Mauricio Macri designó a los nuevos titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los elegidos del macrismo para conducir ese organismo autárquico dedicado a la investigación del delito de lavado de activos fueron el abogado Mariano Federici y María Talerico.
Por ley, el presidente y vicepresidente de la UIF deben ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Justicia. El nuevo gobierno designó a Federici, hasta ahora empleado del FMI, como nuevo presidente, y a Talerico como vicepresidenta¸ a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El abogado Mariano Federici trabajaba hasta el momento de su designación para el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se desempeña en el departamento jurídico. Está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF. El estudio Marteau ha defendido al Grupo Clarín y a JP Morgan en la megacausa que tramita en el juzgado federal de Sergio Torres por la fuga y lavado de unos 5 mil millones de dólares.
Al mismo tiempo, la designada por Macri para ocupar la vicepresidencia de la UIF -María Eugenia Talerico- es abogada del HSBC, entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3500 millones de dólares en 4.040 cuentas.
La Unidad perdió rápidamente el protagonismo que había asumido en los últimos años a partir de una serie de causas que demandaron su intervención; y no hubo una sola declaración pública contundente de ese organismo alrededor del escándalo de los llamados Panamá Papers.
TITIRITEROS DE GUANTES BLANCOS
El diputado provincial del Frente Social y Popular (FSP), Carlos del Frade, señaló que prepara una denuncia sobre lavado de dinero en la región, a partir de una investigación generada en los últimos meses.
"Me parece que es fundamental comenzar a discutir la idea de que el delito no se produce solamente en la geografía donde aparecen los muertos, sino que más allá de los barrios humildes o populares, el delito pasa por donde se recauda el dinero que genera. Entonces, hay que empezar a investigar a los delincuentes de guante blanco, lo que nosotros llamamos los titiriteros que están detrás de estas cuestiones crueles que terminan apareciendo en las noticias policiales", explicó el legislador y periodista. En ese marco, del Frade especificó que "estoy investigando a cuatro instituciones y empresas que entendemos estarían muy vinculadas a todo esto: el Casino de Rosario, Rosenthal, Transatlántica y el complejo que reúnen al Puerto de Rosario y los puertos privados de la zona de San Lorenzo. En estos lugares se han producido distintos tipos de delitos durante los últimos años, y habiéndose producido esos delitos creemos que son las cosas primarias que habilitan a pensar que detrás de eso estuvo otro delito, el del lavado de dinero, tan famoso por estos días con la historia de los Panamá Papers".
Para del Frade, los circuitos comerciales que generan el mayor tráfico de dinero ilegal en el sur santafesino son el narcotráfico y la comercialización de cereal en negro: "es exactamente la misma ruta", dice. Y completa: "por donde pasa la mayor cantidad de dinero, pasa también la mayor cantidad de dinero ilegal. En ese sentido, el sur de la provincia de Santa Fe tiene la característica de ser la vía por donde circula la mayor cantidad de dinero, porque el 80% de las exportaciones argentinas salen desde aquí. Ahora queremos ver qué rol desempeña cada una de estas cuatro instituciones, que mueven muchísimo dinero, porque suponemos que mucho de ese dinero tiene origen en grandes delitos económicos que, a la larga o la corta, terminan con la vida de los pibes en los barios más humildes".
A la hora de marcar las formas que toma el blanqueo de dinero en el sur provincial, el periodista y diputado provincial puntualiza que "los mecanismos más conocidos son las mutuales, que de la noche a la mañana aparecen y desaparecen; negocios vinculados a la compra de flotas de camiones, que se terminan utilizando para el transporte del cereal; los negocios inmobiliarios; la compra y venta de jugadores de fútbol; por supuesto el juego, los hoteles y los restaurantes; y los propios bancos que habilitan cuentas especiales para que esos dineros ilegales terminen blanqueados. Esa circulación de dinero grande aparece con mucha publicidad y con grandes luminarias, y son los costados por donde en definitiva se mete el dinero ilegal en el circuito legal".
Un circuito de comercialización que termina generando mucha crueldad sobre los sectores más desprotegidos de las comunidades. En ese sentido, del Frade remarca que "hay que ir contra los delincuentes de guante blanco, que lavan el dinero de muchos delitos acá, en la provincia de Santa Fe, y son justamente los que se terminan quedando con la mayoría del dinero que proviene de sectores populares".
NEGOCIOS FÁCILES
"Un Casino es un lugar propicio para lavar narcodólares", sentenció el embajador norteamericano en Argentina, James Cheek ante la mirada atónita de Carlos Saul Menem. Corría 1994, y el entonces presidente soñaba con un Casino porteño al estilo Las Vegas.
Hacia septiembre del 2013, el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Marcelo Casanovas, describe en una entrevista con la página web Apertura.com las formas tradicionales del lavado de dinero, y profundiza aquella sentencia del funcionario norteamericano.
"Cuando se hablan de las actividades para lavar dinero, hay que plantear dos escenarios: una organización criminal que genera flujos de cash todo el tiempo, por ejemplo, la venta de drogas; o una actividad aislada que generó activos, por ejemplo, el pago de sobornos. Para el primer caso, necesita una pantalla lícita", sostiene el especialista. Y detalla tres actividades clásicas a la hora de montar circuitos de lavado: "los hoteles, los cines y el juego".
En el caso puntual de los casinos, Casanovas señala que "la regulación argentina (norma 199/2011 de la Unidad Investigaciones Financieras) obliga al que explota un local de juegos de azar a identificar a quien gane más de $50.000. Es un control ex post, después del acto", dice Casanova.
Y certifica un proceso develado a este cronista por dos asiduos concurrentes al Casino de Melincué: "usted va al casino con $10.000.000 y los cambia por fichas. Al rato, sin haber jugado ni una vez, va a la ventanilla y pide volver a cambiar las fichas. Sin embargo, ahí recién el empleado del casino le exigirá sus datos. Así la persona puede decirle al Estado: los $10.000.000, que nadie conocía su origen, los gané en el casino".
Un ex empleado de alto rango del Casino de Melincué confirma que en esa casa de juegos "no se cumple con lo que indica la norma 199/2011 de la Unidad Investigaciones Financieras, ya que los clientes que deben ser informados a la UIF se les divide el pago para que no completen la planilla correspondiente".
Los testimonios describen también cómo el lavado de dinero proveniente de los narcodelitos se montó sobre la ruta que ya existía de la plata ilegal que genera la comercialización en negro de cereales y oleaginosas.
"Uno de los narcos más reconocidos de Rosario, detenido en España, Patricio Daniel Gorosito, realizaba blanqueo de dólares en el Casino de Melincué", señala un ex ejecutivo de la firma a este cronista.
LA RUTA VERDE
"Siempre dijimos que Rosario es la capital del lavado de dinero del interior del país", confirmó el diputado provincial Héctor Cavallero a este cronista en los primeros días de mayo. Y reveló: "el 85% de las operaciones con el dólar a futuro se hicieron en Rosario. Por eso, uno de los vice jefes del gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana que también fue beneficiario de la devaluación- vino un día domingo a Rosario a pactar con el Rofex (el Mercado a Término de Rosario SA, un organismo de la Bolsa que trabaja con monedas a futuro) a cuánto devaluaban".
El dólar futuro es una herramienta que suele utilizarse en tiempos de tensión cambiaria; y se opera a través del Mercado a Término de Rosario S.A. (Rofex) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE). El BCRA opera con dólar futuro -entre otras cuestiones- para promover la estabilidad monetaria y cambiaria, y desestimar rumores de devaluación.
En estos días, el juez Claudio Bonadio lleva adelante una causa judicial que investiga la operatoria entre septiembre y noviembre de 2015, cuando -según el juez- "se vendieron contratos por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron pérdidas al Estado por más de 55.000 millones de pesos". Bonadío sostiene que esas operaciones de venta de dólar futuro se concretaron en "condiciones dañosas para el erario público"; y por eso acusa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En rigor, la venta de dólar futuro en octubre de 2015 –con vencimiento a marzo de 2016- se realizó a $10,65 pesos, previendo una devaluación del 13,2%. La decisión de devaluar en un 42%, tomada por la administración de Mauricio Macri generó las pérdidas superiores a las estimadas.
En ese marco, Cavallero anunció que "en quince días, nosotros vamos a publicar un trabajo completo con todos los que sacaron los dólares a $9,75; a $9,80; y después los terminaron vendiendo a $15. Vamos a publicarlo, vamos a explicar el proceso, y la gente sola se va a dar cuenta quiénes son los que lavan dinero, quiénes son los que hacen usura, quiénes son los pequeños y medianos comerciantes e industriales que importan cosas y han adelantando comprando dólares a futuro. Porque hay una gran diferencia", aseveró el ex intendente rosarino.
"Además, cuando usted vea quiénes son estos personajes, o las sociedades con las que se disfrazan estos personajes -porque lo vamos a publicar- usted se va a dar cuenta por qué existe tanto narcotráfico en Rosario, tanta trata, tantos negocios ilegales: existen porque pueden lavar fácilmente el dinero obtenido en la misma ciudad", terminó diciendo Cavallero.
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Jorge Cadús: Es periodista. Es redactor y editor del periódico El Prensa; y columnista de varias páginas web de noticias. Forma parte del grupo fundador del Proyecto de Comunicación Alapalabra, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. Es autor de "Postales de un desierto verde" (Tropiya ediciones, 2004); "Un tiempo ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe" (EMR, 2006) junto a Facundo Toscanini; "Combatiendo al capital. 1973-1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino" (EMR, 2009), en colaboración con Ariel Palacios; "La Transa. Crónicas del narcotráfico" (Grupo Editor Postales, 2015); "Los días que vivimos en peligro. La destrucción del trabajo en la región 2015/2018)" (La Chispa, 2018) y "Alcorta: La ciudad invisible" (Grupo Editor Postales, 2019). Obtuvo dos veces el Premio Ciudad de Rosario por estos trabajos. En TV fue director periodístico de "Audiencia Debida. Crónicas del sur"(2000/2002); "Estación Sur. En los rieles de la Patria" (2010/2011) y "Tercer Tiempo. El relato salvaje" (2013/2015); todos en la señal Cablevisión Alcorta / Sacks Paz Televisora. Por esos programas obtuvo los premios ATVC 2001 y ASTC 2003 como mejor programa periodístico; y el Premio Juana Manso 2011 por su abordaje de las problemáticas de género. Desde el año 2006 a la fecha ha dictado en numerosas escuelas de la zona charlas y talleres abiertos sobre el terrorismo de Estado en la región. En el 2011 fue distinguido con el Premio Regino Maders por su trayectoria periodística y su compromiso militante.