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EPE: ENTRE EL VACIAMIENTO Y LOS NEGOCIADOS / Jorge Cadús
UN BOOM ELÉCTRICO

Con cortes de energía extendidos, variaciones de tensión impredecibles, un personal diezmado que intenta multiplicarse para hacer frente a la mala prestación del servicio, y ante la demanda de la Defensoría del Pueblo santafesina para resarcir a los principales afectados, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente a cargo -largamente- de Antonio Ciancio anunció a mediados de enero una "bonificación extraordinaria por demanda no abastecida a usuarios que hayan tenido cortes de energía durante la reciente ola de calor". La medida abarca a "todos los usuarios de la provincia, sean clientes residenciales, comerciales o industriales con facturación bimestral" que hayan sufrido "cortes de 4 horas o más de duración entre el 14 de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero". Sin embargo, más allá de bonificaciones y descuentos, la demanda de un servicio público como es la energía eléctrica de calidad se inscribe en una historia política provincial plagada de deudas pendientes, donde lo "extraordinario" -al decir del eterno funcionario- no es más que parte de la vida cotidiana. Cada verano se multiplica la cantidad de cortes de energía eléctrica, así como los problemas de tensión que terminan generando demandas por mala prestación del servicio ante una Empresa que sostiene la sordera como práctica cotidiana. Más allá del esfuerzo de los empleados, la EPE encabeza las protestas estivales. Por detrás de esa postal, hay una crónica política, económica y social por descubrir.


LUZ DE LUNA
Desde finales del Siglo XIX, el servicio de energía eléctrica en Santa Fe corrió de la mano de prestadores particulares, bajo el control de los municipios que concesionaban el servicio. Temprano privilegio de las grandes ciudades, sólo a partir de 1913, con la localidad de Moisés Ville como pionera, comenzó a difundirse el alumbrado eléctrico en el llamado "interior provincial". En nuestra región serán Firmat y Máximo Paz, en 1927, las primeras localidades con contratos aprobados para una prestación que recién en 1949, mediante la Ley 3644, se declara servicio público.
Una ley provincial -que entre otras cosas establecía que "las lámparas permanecerán apagadas mientras alumbre la luna"- reguló aquellas prestaciones, incluido el costo del servicio.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) nació durante el gobierno justicialista de José María Vernet, mediante la ley 10.014 sancionada el 18 de diciembre de 1986.
La firma venía a reemplazar a la Dirección Provincial de Energía (DPE), creada en enero de 1960 mediante una Ley que puso todos los servicios públicos de generación, transporte y suministro de energía dentro del territorio provincial bajo la jurisdicción del Gobierno. A la DPE tocaba en suerte racionalizar esos recursos y coordinar las prestaciones.
A partir de 1981, la DPE centralizó todos los servicios de distribución de energía eléctrica, excepto los brindados por las Cooperativas, unificando el mercado y centralizando bajo la órbita estatal ese servicio público. Cinco años después, la gestión de Vernet motorizó la creación de una Empresa, la EPE, y en julio de 1987 comenzó sus tareas el primer directorio de la EPE santafesina.
Hoy la firma cuenta con más de un millón de clientes; 61 estaciones transformadoras de energía; 19.180 centros de transformación de media tensión; y alrededor de 50.000 kilómetros de líneas operadas entre alta, media y baja tensión.

EL VENDAVAL PRIVATISTA
La EPE pudo sobrevivir -no sin contratiempos y amenazas- el saqueo sistemático de los gobiernos de turno y la furia del vendaval privatista desatado durante los años 90.
En diciembre del 2006, el Senado santafesino derogó la ley de privatización de la EPE con el voto de casi los mismos legisladores justicialistas que -en 1999, y de la mano del entonces gobernador Carlos Alberto Reutemann- la habían proclamado.
Siete años antes, el 29 de diciembre de 1999, a pesar de una formidable protesta de trabajadores de Luz y Fuerza que sitió la Legislatura, bajo la custodia multiplicada de policías y con legisladores sesionando a oscuras, se convertía en ley el proyecto de privatización de la Empresa.
La privatización de la EPE fue una de las condiciones exigidas por el Banco Mundial para el otorgamiento de un préstamo sobre los primeros años del nuevo siglo. Una fenomenal campaña de desprestigio sobre las firmas estatales, instrumentada por funcionarios del oficialismo y referentes de la oposición, sumado a la amplificación de los medios de difusión a sueldo de los gobiernos de turno, y un abandono que llevó a un estado verdaderamente deplorable de prestación del servicio, habían acompañado aquel proyecto redactado por el entonces ministro de Hacienda de Reutemann, Juan Carlos Mercier, y con asesores que terminaron embolsando alrededor de un millón y medio de pesos dólares.
Como consecuencia del ajuste, el Sindicato de Luz y Fuerza denunciaba en el año 2003 que la firma tenía "la planta orgánica diezmada para hacer frente a las exigencias del servicio", debido a los sucesivos retiros voluntarios que abarcaron a 700 trabajadores, "la mayoría de los sectores de mantenimiento, reparaciones de redes y atención del servicio en general".
"En aras de una pretendida privatización se abandonó la conducción de la empresa hasta que ésta llegó al límite del colapso", denunció entonces el gremio.
Aquella ley, última intentona del menemismo tardío, terminó cayendo siete años después. Y aquella caída significó la vuelta a la ley 10.014 sancionada por Vernet, el reparto de los sillones del directorio entre el gobierno y el gremio y la ratificación de la Empresa en la órbita del Estado.
Para entonces, Mercier ocupaba una banca en el senado, y terminó votando la derogación de su propia ley sin decir una palabra.

MENTIRAS VERDADERAS
El foquito duda, se estira el filamento en un último manotazo de claridad. Raspa el sonido del corte las sombras que sobrevienen. Un fósforo traza la penumbra de la media luz. Es entonces que la voz de Quique Pessoa habla a nuestro oído. El tono es duro, sereno y firme.
"Mientras esperás que alguien te atienda para decirte a qué hora va a volver la luz, aprovechá para pensar bien a quién vas a votar esta vez", dice el locutor. Y completa: "Vienen tiempos de cambios. Binner gobernador. Buenos tiempos".
El spot fue parte de la campaña del año 2007 de Hermes Binner como candidato a gobernador de la provincia. Y es hoy, a la luz de la situación de la Empresa Provincial de Energía, una cruda y contundente prueba de la hipocresía, la indiferencia y la falta de voluntad política del oficialismo santafesino.
Poco más de un año después, en noviembre del 2008, el entonces titular de Servicios Públicos de la gestión Binner, Antonio Ciancio, explicaba: "ya invertimos 100 millones en este año, y vamos a completar los mil millones cuando termine el mandato. Recién ahí las cosas van a estar relativamente bien".
Con el mandato Binner ya finalizado y la gestión de Antonio Bonfatti que comienza a atravesar su último cuarto de hora, aquellas promesas se transforman en deudas incómodas y abiertas. Parte de una historia política todavía inconclusa, donde la crónica de los servicios públicos convertidos en cajas negras de gobiernos de turno bucea en busca de luz.

TARIFAS E INVERSIONES
En mitad de una serie de cortes de luz provocados por "altas temperaturas" o "inusuales tormentas", el flamante gobierno de Antonio Bonfatti anunciaba en enero del 2012 que entraba en vigencia "la suba en la tarifa de la luz". La suba alcanzaba al 13,4% en el primer mes del año, y se completaba con otro 9,8% en marzo.
En abril del 2013, la distribuidora de energía santafesina concretó un nuevo tarifazo, teniendo en cuenta -de acuerdo al parte de prensa oficial- "el incremento de costos de insumos destinados a la operación de los servicios, en el contexto inflacionario de la economía, y la necesidad de sostener niveles de inversión en infraestructura".
El titular de la EPE, Daniel Cantalejo, informó la "recomposición del cuadro tarifario" (todo un eufemismo para ocultar lo que fue un aumento indiscriminado) a partir de los consumos del 15 de abril con una suba del 13%; y en una segunda etapa, desde el 1° de julio, del 9%. El funcionario de la gestión socialista dijo -sin ruborizarse- que "la adecuación se torna imprescindible para paliar los efectos del proceso inflacionario y sostener la recuperación de la inversión que la EPE exhibe desde 2008. La inversión sostenida en el tiempo es la manera más eficaz y sustentable de mejorar la calidad del servicio".

Sin embargo, los propios números del gobierno santafesino desmienten aquellas afirmaciones.
El presupuesto de la EPE para el año que pasó fue de $4.182 millones, de los cuales, $3.926 millones provienen de la venta de electricidad. El último aumento de tarifas dispuesto en abril del 2013 por el gobierno socialista aportó a la EPE alrededor de 800 millones de pesos extras a ese presupuesto. Al mismo tiempo, se preveía una inversión de sólo $341 millones "con recursos propios de libre disponibilidad, ya que el Tesoro Provincial no ha previsto transferirle fondos".
En lo que va de gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (2007-2013) los sucesivos aumentos de tarifas suman un incremento del 350% en un servicio indispensable que sigue brindándose de forma precaria.
En forma paralela a esa multiplicación de tarifas -que superan largamente los índices de inflación brindados por los propios organismos oficiales santafesinos-, las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti han disminuido los porcentajes de fondos destinados a la inversión: para el año 2007, la EPE destinaba el 10% de su recaudación total a obras y equipamiento. Seis años después, se destina a esos rubros apenas el 6,5% de lo recaudado.

LA CAJA NEGRA DE LA EPE
El encargado de salir al cruce de la política de aumentos en los servicios públicos de la gestión de Antonio Bonfatti fue el diputado provincial Héctor Acuña, quien a principios del año que pasó advirtió que "el problema no sólo es el aumento de la tarifa, el problema es la falta de inversión y la falta de prestación de los servicios"; y sostuvo que "podemos demostrar que la EPE es una empresa que da ganancias".
El legislador detalló que la empresa "registra entre 2009 y 2011 una ganancia de $230 millones. Sin embargo, entre 2008 y 2011 acumula un déficit de $730 millones. Una empresa que da ganancias tiene endeudamiento. ¿Por qué? Porque el Gobierno provincial toma dinero de las empresas para financiar el déficit que tiene el área central". Para el dirigente del Peronismo Federal, la maniobra es clara: "en vez de aumentar los impuestos, aumento las tarifas y luego tomo dinero de las empresas".
En forma paralela a aquellas denuncias sobre el endeudamiento sistemático de la EPE, el diputado Acuña mostró las cifras de los resarcimientos por los reiterados cortes de energía producidos en el verano 2012/13: "El promedio que resarció la EPE por los cortes fue de $14,75. ¿A usted le parece que es serio un Gobierno que devuelve $14,75?", señaló Acuña.

PREMIOS Y CASTIGOS
Las recaudaciones e inversiones detalladas en esta nota se dan en el marco de un aumento promedio del consumo eléctrico en Santa Fe que ronda el 7% anual, como consecuencia -sobre todo- del llamado "boom inmobiliario".
Tan sólo en la ciudad de Rosario (donde el aumento de consumo llega al 11% anual, superando ampliamente el promedio nacional), la zona conocida como Puerto Norte aloja complejos habitacionales de alta gama diseñados al estilo europeo: unidades "electrodependientes", sin servicio de gas para calefacción o cocinas.
En relación a ese crecimiento en la demanda, el titular de Relaciones Institucionales de la EPE, Raúl Stival, aclara que "el sistema se cubre a sí mismo: si es necesario se le pide al inversor que financie una obra eléctrica".
Sin embargo, esa "inversión" tiene una contrapartida que muchas veces termina contribuyendo al agujero negro de la Empresa estatal: el inversor privado costea trabajos complementarios y luego los cede a la EPE; que en compensación le reintegra cerca del 50% bonificado en las facturas de la luz.
Sólo en los últimos años, esas compensaciones terminaron beneficiando al casino City Center, la firma General Motors, las torres Dolfines Guaraní y el complejo de viviendas de alta gama Maui, que se construye a metros de los silos Davis.
El Complejo Maui, por ejemplo, reunirá 2 edificios de 44 pisos cada uno y un hotel 5 estrellas, un total de 625 unidades que terminarán consumiendo 13 veces más de energía eléctrica que toda la comuna de Ibarlucea, y casi lo mismo que la ciudad de San Lorenzo.
Al mismo tiempo, según el cálculo de los técnicos de la EPE, el consumo energético del conjunto de las recientemente inauguradas Torres Dolfines Guaraníes (las más altas de Rosario, con 42 pisos selectos) equivale al total que consume la ciudad de Funes en invierno.
No es una historia nueva: desde la década del 90, muchas firmas multinacionales -entre otras Carrefour, Micropack y Coca Cola- se vieron beneficiadas con este sistema que premia el derroche y castiga el consumo particular con aumentos, cortes y bajones de tensión.

Hacia 1961, Jorge Del Río -fundador de Forja junto a Arturo Jauretche y Homero Manzi, entre otros- publicaba su imprescindible libro "Política Argentina y los Monopolios Eléctricos".
Allí desnudó el negociado sin fin de las corporaciones eléctricas, la complicidad de quienes en nombre del pueblo y sus instituciones terminan rematando el patrimonio de todos, y la necesidad de políticas públicas claras, precisas, honradas y eficientes establecidas desde la órbita del Estado no sólo en el traslado y la distribución de la energía, sino también en su generación y comercialización.
Entre otras cuestiones, ese lúcido y necesario intelectual -muerto en 1973- aclaraba también: "el autor no siente ningún placer en poner de manifiesto las miserias de los hombres públicos de su país, pero existe un daño tremendo causado a la República, que es necesario reparar. Para lograrlo es indispensable que la opinión pública conozca este trozo amargo de la historia de nuestros grandes servicios públicos, que es también un trozo de nuestra historia política".

UNA CRÓNICA POLÍTICA
A mediados de la década del 80, cuando la democracia comenzaba a sacudirse sus primeras promesas incumplidas, la emblemática revista Humor publicaba los "20 poemas de humor y una canción disparatada", un análisis de la realidad ácido y certero, redactado por ese maestro de periodistas llamado Carlos Abrevaya.
Ese breve y lúcido poemario incluía un texto llamado "Sin Luz".
"¿Me cortarán las velas? / ¿Me cortarán las pilas? / ¿Me cortarán las bolas / que el rostro me iluminan?", se preguntaba el periodista que, en esos años, supo formar parte de programas emblemáticos como La Noticia Rebelde.
Y escribía: "¿Y la luz de tus ojos / me cortarán un día? / Entonces, me pregunto / ante tanto cortado / ¿será café con leche / esta energía?"

El último medio siglo de historia argentina abunda en ejemplos de firmas públicas vaciadas y rematadas; en empresas levantadas como bandera de campañas políticas para terminar convertidas en la caja negra a la que se acude parea tapar necesidades presupuestarias y contener el agujero del llamado "déficit fiscal".
Y el impacto -siempre- se siente y se sufre en la vida cotidiana de las mayorías populares que habitan estos arrabales.


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Imagen: Carina Barbuscia



Jorge Cadús: Es periodista. Es redactor y editor del periódico El Prensa; y columnista de varias páginas web de noticias. Forma parte del grupo fundador del Proyecto de Comunicación Alapalabra, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. Es autor de "Postales de un desierto verde" (Tropiya ediciones, 2004); "Un tiempo ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe" (EMR, 2006) junto a Facundo Toscanini; "Combatiendo al capital. 1973-1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino" (EMR, 2009), en colaboración con Ariel Palacios; "La Transa. Crónicas del narcotráfico" (Grupo Editor Postales, 2015); "Los días que vivimos en peligro. La destrucción del trabajo en la región 2015/2018)" (La Chispa, 2018) y "Alcorta: La ciudad invisible" (Grupo Editor Postales, 2019). Obtuvo dos veces el Premio Ciudad de Rosario por estos trabajos. En TV fue director periodístico de "Audiencia Debida. Crónicas del sur"(2000/2002); "Estación Sur. En los rieles de la Patria" (2010/2011) y "Tercer Tiempo. El relato salvaje" (2013/2015); todos en la señal Cablevisión Alcorta / Sacks Paz Televisora. Por esos programas obtuvo los premios ATVC 2001 y ASTC 2003 como mejor programa periodístico; y el Premio Juana Manso 2011 por su abordaje de las problemáticas de género. Desde el año 2006 a la fecha ha dictado en numerosas escuelas de la zona charlas y talleres abiertos sobre el terrorismo de Estado en la región. En el 2011 fue distinguido con el Premio Regino Maders por su trayectoria periodística y su compromiso militante.